Representantes de Maizar, junto con sus pares de las cadenas del maíz de Brasil y Estados Unidos con las que integra la alianza internacional Maizall, culminaron la semana pasada una misión estratégica por España e Italia, incluyendo la sede de la FAO en Roma.
¿El motivo? Explicar los avances del maíz en el mundo y debatir sobre la política agropecuaria de la Unión Europea (UE) y su impacto en la seguridad alimentaria global.
Cabe recordar que los tres países integrantes de Maizall son responsables del 50% de la producción mundial de maíz y del 70% de las exportaciones globales.
En este contexto, la delegación defendió firmemente su sistema de producción, que se basa en biotecnología, siembra directa y gran escala. Subrayaron que este modelo es sostenible en lo económico, social y ambiental, y cuenta con respaldo científico y resultados productivos comprobados.
Por el contrario, advirtieron que el modelo regulatorio europeo ha llevado incluso a sus propios agricultores a una pérdida sostenida de competitividad.
En la última década, países como España e Italia vieron caer su superficie de maíz a la mitad y hoy deben importar aproximadamente dos tercios de lo que consumen, debido fundamentalmente a la falta de acceso a herramientas tecnológicas en un contexto de subsidios decrecientes.
La Argentina, Brasil y Estados Unidos ya han aprobado más de 60 eventos biotecnológicos, validados por sus sistemas científicos nacionales, mientras que en Europa no están permitidos, con la sola excepción de España y Portugal, que cultivan un único evento aprobado hace más de dos décadas.
Esta brecha tecnológica refleja, según la alianza, marcos regulatorios que no evolucionaron al ritmo del conocimiento científico ni de las necesidades productivas globales.
Asimismo, otro de los ejes centrales de la misión fue cuestionar el creciente uso de regulaciones ambientales como instrumentos de política comercial.
Desde Maizall señalaron que muchas de las exigencias impulsadas por la UE no responden a criterios técnicos ni científicos, sino que operan como barreras paraarancelarias destinadas a proteger a sus propios sectores productivos.
El caso más ilustrativo de esta contradicción lo ofrece la soja. Mientras que la UE restringe el acceso al biodiésel de soja alegando razones ambientales vinculadas al cambio indirecto en el uso de la tierra (ILUC), importa anualmente alrededor de 30 millones de toneladas de harina de soja para alimentar su producción ganadera.
Esta incongruencia regulatoria revela que las restricciones no se sustentan en criterios ambientales homogéneos, sino en decisiones de política interna orientadas a proteger la producción europea de biodiésel de colza.
En términos comerciales, se trata de un ejemplo claro de cómo los estándares ambientales pueden transformarse en herramientas de defensa económica.
Sin embargo, la postura de Maizall también encontró aliados dentro del mismo bloque europeo, lo que pone de relieve la heterogeneidad de intereses entre los 27 países miembros.
“España, destacado importador de cereales, necesita flexibilizar el acceso a los mercados. Francia, en cambio, busca preservar su producción agrícola. Alemania, por su parte, prioriza la estabilidad de su sector industrial. Esta fragmentación interna genera, según los analistas, una parálisis estructural que dificulta la construcción de una estrategia agrícola coherente”, aseguran en Maizall.
En Roma, la misión fue recibida por autoridades de la FAO, donde se ratificó que el sistema productivo de las Américas constituye un componente estructural para garantizar la seguridad alimentaria mundial. Desde la organización se percibe un cambio de clima institucional, con una mayor apertura hacia la biotecnología y la innovación agrícola respecto de períodos anteriores.
Sin embargo, el frente regulatorio continúa ampliándose. Un problema potencial clave para los países productores son los límites máximos de residuos (LMRs), que pueden transformarse en otra barrera paraarancelaria si se establecen sin criterios técnicos uniformes.
La delegación insistió en que estos parámetros deben basarse en evaluaciones de riesgo reales y armonizadas internacionalmente, para evitar interrupciones en el comercio.
En particular, se identificó preocupación entre importadores europeos respecto del uso de insecticidas para almacenamiento de granos en origen que están prohibidos en destino, lo que podría generar conflictos comerciales si no se establecen protocolos claros.
Ante este escenario, Maizall ya trabaja en el desarrollo de sistemas de trazabilidad y cadena de custodia rigurosos, desde el productor hasta el puerto, con el objetivo de anticipar exigencias regulatorias y reducir riesgos de rechazo en los mercados.
El avance del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur agrega un nuevo capítulo al debate regulatorio.
Durante mayo, la Dirección General de Comercio de la UE definirá la reglamentación que dará contenido operativo al tratado, un proceso que será determinante para el futuro del comercio agroindustrial.
En este contexto, los productores europeos presionan para aplicar las denominadas “políticas espejo”, que exigen que los países exportadores produzcan bajo las mismas restricciones fitosanitarias y ambientales vigentes en Europa.
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Desde Maizar y Abramilho rechazaron esa propuesta y advirtieron que podría convertirse en un mecanismo de exclusión comercial encubierto. Las diferencias de suelos, climas y presión de plagas hacen inviable replicar los sistemas productivos europeos en otras regiones del mundo.
“Aceptar esas condiciones, sostienen, no implicaría armonización regulatoria, sino transferencia de ineficiencias productivas hacia los sistemas más competitivos”.
Por ello, la delegación exigió que la reglamentación del acuerdo no incorpore requisitos que, bajo apariencia técnica o ambiental, funcionen en la práctica como barreras comerciales.
La Secretaría de Agricultura y la Cancillería argentina ya monitorean este proceso en coordinación con Maizall, conscientes de que el debate regulatorio será uno de los principales determinantes de la competitividad agrícola en los próximos años.
“No podemos permitir que el proteccionismo disfrazado de ambientalismo nos vuelva inviables. Somos sustentables con nuestro sistema y defenderemos nuestra soberanía productiva frente a reglas que no tienen base científica”, concluyó la misión.
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