La Red de Manejo del Fuego Rural presentó ante las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado su posición técnica respecto a las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego (Ley N.º 26.815), incluidas en el Proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (Exp. PE 13/26).
Desde la entidad —que agrupa a consorcios de manejo del fuego en distintas regiones del país— señalaron que la reforma “no implica una flexibilización ambiental”, sino que “busca corregir distorsiones del régimen vigente que han generado efectos jurídicos y económicos adversos sin reducir los incendios“.
Puntualmente, consideraron que un punto central es “evitar tratar como culpables a quienes sufren un incendio”.
Según explicaron, la normativa actual (Ley N.º 27.604) introdujo restricciones automáticas sobre el uso del suelo tras incendios, sin distinguir su origen ni las circunstancias del siniestro.
“Se configuró un esquema que, en la práctica, presume culpabilidad y aplica consecuencias sobre propietarios que también son víctimas del incendio”, indicaron desde la Red.
En ese sentido, advirtieron que este enfoque:
En este punto, la entidad remarcó que la reforma mantiene intacta la protección de los bosques nativos, conforme al ordenamiento territorial establecido por la Ley N.º 26.331.
Las modificaciones se concentran en eliminar restricciones generalizadas que hoy se aplican también sobre tierras productivas, sin diferenciación ni sustento técnico.
Precisamente, la Red de Manejo del Fuego Rural insiste en que uno de los ejes del planteo es la ausencia de evidencia científica que respalde los plazos de restricción de uso del suelo (hasta 30 y 60 años).
Desde la Red señalaron que los tiempos de recuperación varían según el ecosistema, en muchos casos son significativamente menores y pueden incluir cambios en el uso del suelo como parte del proceso de restauración.
El problema es el impacto económico que el régimen vigente genera, traducido en:
En este contexto, lo que subyace es que permanece pendiente una discusión clave: la gestión integral del fuego.
Para la Red, la discusión responsable de la problemática de los incendios rurales requiere un abordaje más amplio, que incluya prevención, detección temprana, ataque rápido, control, identificación de causas y responsabilidades y restauración.
“Este debate excede el alcance del proyecto presentado y requiere una discusión específica sobre políticas de gestión integral del fuego”, indicaron.
No obstante, destacaron que la reforma en tratamiento representa una oportunidad para alinear la normativa con principios básicos del derecho y evitar efectos contraproducentes.
“La protección ambiental y el respeto al debido proceso no son objetivos en conflicto. Corregir una regulación que genera distorsiones es un paso necesario para construir políticas públicas más eficaces”, concluyeron.