El Seminario anual de la Asociación de la Cadena de la Soja (Acsoja) contó con la presencia de referentes de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace, que además de formular los clásicos reclamos por las retenciones y la falta de infraestructura, hicieron foco en otro aspecto que preocupa por estos días a la producción agrícola: la normativa europea antideforestación.
Si no ocurre una nueva dilación -tal como sucedió en los últimos dos años-, a partir de 2027 toda mercadería de soja, carne y otros productos, como por ejemplo los forestales, que se envíen al viejo continente deben certificar que se produjeron en campos que no fueron deforestados desde 2020 en adelante.
Se trata del Reglamento 115/2023 de la Unión Europea, que es muy resistido a nivel local porque incluso choca con las leyes argentinas que permiten el desmonte selectivo en algunas zonas.
Por otro lado, para cumplir con esta normativa, las cadenas agroexportadoras de granos y carne bovina ya trabajaron en el armado de la plataforma VISEC, que oficiará como certificadora de lo que piden desde Europa, pero esto también es resistido por los productores locales.
En este contexto, el panel que reunió a los representantes de la Mesa de Enlace dejó en claro que hay una posición unificada en el seno del ruralismo argentino en contra de esta decisión generada por las autoridades del viejo continente.
Los dirigentes coincidieron en definir esa normativa como una barrera paraarancelaria más que como una verdadera política ambiental.
“Coincidimos en la idea de oponernos a la 1115. Creemos que es una idea de unos burócratas que están en Europa. Hasta los productores europeos están oponiéndose”, afirmó Carlos Uranga, en representación de la Sociedad Rural.
Respecto del sistema de certificación VISEC, sostuvo que cualquier mecanismo que eventualmente se implemente no debería trasladar costos adicionales al productor.
“Si llegara a suceder, no debería tener costos adicionales; inclusive debería tener algún premio por estar cumpliendo con requisitos que son un montón y son una locura”, afirmó.
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En tanto, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, recordó que esa postura también quedó reflejada en las discusiones que se dieron en Santa Fe.
“La provincia de Santa Fe estaba dispuesta a certificar que éramos libres de deforestación y la otra parte nos exigía cosas que no tendrían por qué ser. Entonces nosotros ahí nos distanciamos, tenemos una mirada muy firme y hoy por hoy no estamos acompañando esa modalidad”, explicó.
No obstante, aclaró que eso no implica abandonar el diálogo. “No nos retiramos de la mesa, pero todas las partes se tienen que sincerar“, remarcó el dirigente.
En tanto, para Andrea Sarnari, titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), el desafío pasa por defender la legislación argentina sin perder acceso a mercados estratégicos.
“Tenemos una soberanía legislativa que respetar; tenemos que respetar nuestras normas primero y antes que nada. Ahí es donde entramos en esta discusión de si desmontamos o no, qué consideramos monte, si es para cuidar el ambiente o no“, señaló.
Sin embargo, también reconoció que el país deberá encontrar herramientas para seguir exportando si finalmente la normativa europea entra en vigencia.
“Podemos optar por quedarnos afuera del mercado o buscar los canales para ingresar al mismo. Claramente estamos buscando la manera. Los productores hacemos las cosas bien, entonces hay que buscar la manera de certificar cómo realizamos nuestra producción”, sostuvo Sarnari.
El presidente de Coninagro, Lucas Magnano, por su parte, vinculó la capacidad de negociación internacional con la situación económica del país.
“A priori se podría mencionar como una barrera paraarancelaria, pero los productores no tenemos la mejor herramienta para luchar sobre eso si no mejoran los índices de riesgo país y el estado de las cuentas públicas; si no, no tenemos poder de negociación como Argentina”, concluyó.
En tanto, la otra gran coincidencia del panel giró en torno al peso de la carga tributaria sobre la actividad agropecuaria.
Sarnari advirtió que cuando la rentabilidad desaparece, los productores inevitablemente reducen inversiones y eso termina impactando sobre la productividad.
“Si el bolsillo no nos da, es donde los productores empezamos a ajustar, y eso se refleja en menor productividad, menor cantidad y menor calidad“, aseguró.
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Para Sarnari, las retenciones siguen siendo el principal obstáculo para el desarrollo del sector.
“No nos vamos a cansar de decirlo: siguen siendo el peor de los impuestos. Es distorsivo, regresivo, de uso discrecional por el Estado Nacional y lo pagamos aunque perdamos plata. Mientras existan, el productor tiene su bolsillo ajustado y eso es una falta de oportunidad que hay que cambiar para que el circuito sea virtuoso”, afirmó.
Magnano amplió esa mirada al señalar que la presión tributaria no termina en los derechos de exportación.
“Las retenciones son lo principal, pero no es todo, porque también en las provincias y en los municipios se cobran impuestos, y en muchos casos las obras que se prometen no se ejecutan”, expresó el titular de Coninagro.
El dirigente consideró que una reducción sostenida de la carga impositiva permitiría que el productor vuelva a invertir rápidamente.
“Esperemos que el rumbo macroeconómico permita llegar a retenciones cero para que el productor pueda recibir el precio lleno de sus granos. Eso se traduciría inmediatamente en más fertilizantes, tecnología e inversión“, sostuvo.
Uranga agregó otro factor que condiciona la rentabilidad: el clima. “El clima ha tenido una variabilidad muy alta y hemos tenido cosechas muy malas o mejores. Creemos que hay que encontrar algún mecanismo para bajar el riesgo climático para asegurar un nivel de renta razonable”, planteó.
Además, consideró que el crecimiento de sectores como la minería y la energía debe entenderse como una oportunidad para el país y no como una competencia para el agro. “Es un aporte de divisas adicionales para el país que van a hacer que las personas vivan mejor, o sea que lo vemos como superpositivo”, indicó.
En relación a este tema, Magnano expresó que espera que el sector energético, vinculado a la minería o el petróleo, sea una actividad que llegó para competir y no deba ser observada como una “caja”, como muchas veces la política ve al agro, sino como un nuevo sector que intenta contribuir para que el PBI se incremente”.