La Sociedad Rural de Rosario manifestó su profunda preocupación por el costo de la tasa para caminos rurales que cobran municipios y comunas, al considerar que los montos exigidos a los productores agropecuarios no tienen una contraprestación de servicios acorde.
Bajo la consigna de que “El campo necesita transparencia y servicios”, la entidad reclamó cambios en el sistema de administración de estos recursos y exigió que las autoridades locales rindan cuentas sobre lo que recaudan y los trabajos que efectivamente realizan.
“Por definición legal, una tasa representa un pago formal a cuenta de servicios efectivamente prestados y comprobables, en este caso destinados a mantener transitables los caminos rurales”, admitieron. Sin embargo, aseguran que los productores se encuentran en una situación de indefensión frente a administraciones locales que, según denunciaron, incumplen con el mantenimiento básico de la red vial.
“Queremos obras y caminos transitables, no que se nos obligue a elegir entre una cosa y la otra”
Esta situación tiene consecuencias que exceden la actividad productiva. La transitabilidad de los caminos resulta indispensable para la vida cotidiana de las familias rurales y adquiere una importancia crítica durante las cosechas o ante períodos de inclemencias climáticas, cuando el estado de la infraestructura condiciona el traslado de la producción y el acceso a los establecimientos.
Ante este escenario, la Sociedad Rural de Rosario convocó a los productores a organizarse y reclamar colectivamente. “Señores productores, la unión hace a la fuerza. Únanse, organícense, asesórense y gestionen en conjunto, hagan valer sus derechos y exijan que sus aportes se traduzcan en servicios concretos y en el fiel cumplimiento de los deberes públicos”, expresaron.
La entidad sostuvo que el trabajo público-privado, mediante mecanismos de control, planificación y seguimiento conjunto, representa una alternativa para mejorar el funcionamiento del sistema. No obstante, aclaró que esta participación no debe reemplazar las responsabilidades indelegables que corresponden al Estado.
Uno de los principales puntos del reclamo está relacionado con el mecanismo que utilizan municipios y comunas para actualizar el valor de la tasa, tomando como referencia los litros de gasoil por hectárea.
Según el análisis de la entidad, al tratarse de un insumo que registró uno de los mayores aumentos relativos durante los últimos 12 meses, este sistema genera un ingreso marginal del 23% por encima del costo real del servicio, a partir de actualizaciones automáticas.
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Para la Sociedad Rural de Rosario, este mecanismo debe modificarse y los valores cobrados tienen que responder a los costos efectivos de ejecución de los trabajos. En ese sentido, también cuestionó la falta de información sobre cuánto se recauda, cómo se determina el importe de la tasa, cuáles son los gastos reales y qué tareas se llevan adelante en cada jurisdicción.
La institución recordó que los productores tienen derecho a acceder a esa información y señaló que la Ley Provincial N° 14.256 de Gobernanza de Datos establece la obligación de municipios y comunas de publicar mensualmente en sus páginas web los presupuestos, las contrataciones y los balances. Sin embargo, denunció que esas disposiciones no se cumplen y que, frente a los pedidos de información, la respuesta generalizada de las administraciones locales ha sido “el silencio absoluto”.
“El campo argentino es el motor del desarrollo de nuestra nación. Servimos a la patria optimizando y superando los niveles de producción todos los días, por lo que exigimos que las autoridades comunales rindan cuentas con información pública y obras verificables”, comentaron los productores rosarinos.
“Sin información pública no hay control posible”, remarcaron desde la entidad, que también respaldó su planteo en los derechos constitucionales de acceso a la información pública y en la Ley Nacional N° 27.275.
A partir de este diagnóstico, la Sociedad Rural de Rosario presentó una serie de propuestas para modificar la administración y el destino de los recursos provenientes de la Tasa para Caminos Rurales.
En primer lugar, reclamó que los fondos recaudados tengan una afectación específica y sean depositados en una cuenta exclusiva, destinada al mantenimiento de la infraestructura vial rural. También pidió eliminar el litro de gasoil como referencia para actualizar los valores y establecer que el monto de la tasa responda al costo real del servicio prestado, con una justificación técnica y financiera que respalde lo que se cobra a cada productor.
Otro de los ejes apunta a mejorar la gestión administrativa y garantizar una mayor transparencia. Para ello, consideró imperativo que las autoridades informen públicamente las tareas de mantenimiento realizadas y la composición de los gastos, además de ordenar las administraciones y capacitar al personal técnico. Según la entidad, una gestión eficiente permitiría a los municipios capitalizarse con maquinaria propia y sostener el sistema en el tiempo.
Finalmente, propuso avanzar hacia una alianza de trabajo y control público-privado, en la que los productores puedan participar del seguimiento de las tareas y verificar que los recursos se traduzcan en mejoras concretas para la red vial.
“La conectividad es un derecho fundamental”, enfatizaron desde la Sociedad Rural de Rosario, al insistir en que la participación del sector productivo debe formar parte de una estrategia de planificación y control, sin que ello implique desentender a los gobiernos locales de sus obligaciones.