Transcurrida ya casi la mitad de noviembre, no es descabellado comenzar a realizar balances de lo que ha sido 2026.
Y para el agro, indiscutiblemente uno de los temas más relevantes del año fue el debate por la Ley de Semillas.
Con muchas idas y vueltas en las discusiones, fundamentalmente en lo que tiene que ver con los alcances y límites del uso propio, las partes aseguran que un acuerdo para que haya un proyecto de ley lo más consensuado posible está cerca, aunque el ok final tarda en llegar.
Debido a la relevancia de este tema, la 3° edición de Agro Management organizada por Infocampo incluyó un panel titulado “Ley de Semillas y Propiedad Intelectual: ¿Quién paga la innovación?”, del que participaron el presidente del Instituto Nacional de Semillas (INASE), Martín Famulari; el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino; el gerente de Relaciones Institucionales de GDM, Lucas Amadeo; y la expresidenta de la Fundación Barbechando, Ángeles Naveyra, quien ofició como moderadora.
Luego del panel, Famulari dialogó con Infocampo y relató en profundidad lo que se ha venido viviendo a lo largo del año con relación a este debate clave para el futuro del campo argentino.
“Está siendo, sí, un tema de larga conversación y negociación. Nosotros planteamos siempre que la ley tiene que salir por un acuerdo, no nos sirve una ley en la que alguno de los usuarios esté disconforme o termine en una posición no cómoda, o que sienta que no termina de convencerle”, subrayó Famulari.
El mecanismo elegido fueron las mesas de diálogo y el debate en general pudo progresar sin obstáculos, aunque lo que sí se trabó fue el punto más álgido: a cuántos productores alcanzará el uso propio gratuito u oneroso.
Martín Famulari, presidente del INASE
Aunque ambas partes en pugna –la industria semillera por un lado y las entidades del campo por el otro– han cedido en sus pretensiones iniciales, todavía no se logra un consenso y eso es lo que está hoy en la etapa de negociación final.
“Desde septiembre el uso propio es el único tema. Estamos en las últimas conversaciones para en breve intentar ir al Congreso”, comentó Famulari.
En este marco, evitó mencionar cuáles son los parámetros que se están definiendo para establecer cómo y cuánto se pagará por las mejoras biotecnológicas en las semillas, aunque reconoció que “como Estado vamos a tener que dar las últimas pinceladas”.
No obstante, recordó que la función encomendada al INASE fue organizar la discusión y tratar de llegar a una ley consensuada, y que después si el Poder Ejecutivo la envía o no al Congreso y en qué plazos, ya no depende del Instituto.
Ley de semillas: ¿cuán cerca está realmente un acuerdo entre los productores y la industria?
Lo que sí mencionó Famulari es que cuando se apruebe una nueva ley será esencial fortalecer la capacidad de contralor del INASE, lo que seguramente implicará articular con el sector privado.
Por último, resaltó que, si bien siempre el debate se centra en los cultivos más importantes, fundamentalmente la soja, la nueva ley no solo beneficiará a los granos, sino que también “es muy importante para la vid, frutícolas, hortícolas, ornamentales”.
“Les va a cambiar radicalmente la vida. Si logramos que se apruebe esta ley, la Argentina va a cambiar productivamente”, cerró Famulari.